En los próximos meses, 3.000 hectáreas de tierras en Guayas y Manabí para el cultivo de caña de azúcar, maíz, soya y cacao se convertirán en sustento de unos 400 ecuatorianos dispuestos a poner punto final a su proyecto migratorio en España.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) presenta estos días el “Plan Tierras” en seis ciudades del país europeo (Madrid, Murcia, Lleida, Barcelona, Huelva y Almería) para apoyar el retorno de migrantes. Es un programa ideado a medida para un colectivo afectado por las devastadoras consecuencias de la crisis económica.
El embrión del programa hay que encontrarlo en una reunión que mantuvo la embajadora Aminta Buenaño con un grupo de agricultores afincados en la población catalana de Lleida. “Buscaban que les ayudáramos y al ver que eran trabajadores cualificados en el sector solicitamos extender el Plan Tierras a los inmigrantes para facilitar su regreso con un proyecto productivo”, señala la diplomática.
El viernes, si en algo coincidían los doscientos asistentes al acto de presentación en Madrid era en su intención de volver. No todos contaban, sin embargo, con vocación y experiencia en el agro. Algo que no ocurre en la mayoría de ciudades donde el Magap impartirá los talleres a lo largo de la próxima semana y donde un alto porcentaje de la población extranjera se dedica al trabajo en el campo. “Son profesionales cualificados que han adquirido un conocimiento y que ahora lo pueden trasladar al país”, agrega Buenaño.
El Ministerio estima que de estas jornadas saldrán diez empresas productivas conformadas, cada una, por un promedio de cuarenta personas y que ocuparán 200 hectáreas. Los inmigrantes se convertirán en patronos y trabajadores de la tierra.
En Ecuador, desde que arrancó el Plan en 2009, el Gobierno ha entregado 25.000 hectáreas, según datos proporcionados por Hugo Dután, asesor del Magap encargado de diseñar el programa para la colonia de connacionales. “Partimos de la idea de que estas personas carecen de un capital así que en los casos que lo requieran se financiará toda la inversión con créditos del Banco Nacional de Fomento”, explica el funcionario.
El valor por hectárea estipulado por el catastro municipal ronda los 430 dólares. “Los préstamos se concederán a 10 años plazo con dos de gracia y un interés del 5 por ciento”, explica Dután. Y añade, quienes accedan a los predios deberán adquirir dos deudas, “una para cubrir el precio de la tierra y otra para los costes operativos que ascienden a USD 4.000 por hectárea”. Si cada unidad agroproductiva aglutina a 40 migrantes, la inversión por cada uno puede rondar los 22.000 dólares.
“Serán ciudades empresariales dedicadas a la producción a escala. De esta manera se sientan las bases de una forma asociativa de producir la tierra”, explica el experto.
Carlos Fabián Toaza, oriundo de Machachi, no mira la actividad agrícola con desinterés. En Madrid se especializó en maquinaria de obra y cree que podría trabajar en la cooperativa en el área de logística y transporte. El Magap, insiste Dután, “capacitará a los migrantes en las áreas que considere necesario”.
Para Guido Albuja, nacido en Cayambe, dedicarse a la agricultura supondría volver a sus orígenes pero el Ministerio solo dispone de tierras en Manabí y Guayas. “A mí me interesa volver a mi ciudad, sé de los cultivos de la Sierra, no de la Costa”. “De momento solo disponemos de estos terrenos”, responde el representante del Ministerio que tampoco descarta que alguna de las iniciativas fracase: “Si esto falla tenemos una área de producción de camarones y cerdos donde podrían inscribirse”.