Montero afirmó que la propuesta del Gobierno de dejar fuera a las personas en situación irregular es “un recorte del derecho universal a la protección de la salud”.

La propuesta andaluza es de las más concretas entre las comunidades que objetan a dejar fuera del sistema a los sin papeles (unos 150.000 en toda España si se descartan a los comunitarios), y supone crear un sistema burocrático paralelo para ellos.

Claro que esta solución solo servirá dentro de Andalucía. La tarjeta no podrá utilizarse en otras comunidades, ni siquiera en las que también van a objetar a la retirada de la atención (País Vasco, Cataluña y Galicia). Esto es especialmente importante en el caso de algunos subgrupos de este colectivo, como el de los temporeros que se desplazan por España siguiendo las campañas agrícolas.